Los neoliberales de toda filiación política: PAN, PRI, PRD y Morena privatizan el medio ambiente y el agua, amenazando el derecho al agua y al medio ambiente sano a las generaciones presentes y futuras, a manera de los remates de liquidación preparan “grandes ofertas” para la elite empresarial, que resultarán en graves daños para el pueblo:
El diputado federal neoliberal morenista Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados y Diputadas, promueve una iniciativa de ley general de agua inspirada en la iniciativa del neoliberal panista Mario Mata que mantiene el modelo de privatización y acaparamiento del agua, a través del esquema de “concesiones”, dicha iniciativa complace a los acaparadores de agua y es contrario al mandato del artículo cuarto constitucional que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. El derecho humano al agua es incompatible con la privatización y acaparamiento del agua.
La diputada local Mayela Salas de filiación neoliberal morenista, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Michoacán, aliada con el neoliberal prdista Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, pretende dar un albazo legislativo para aprobar reformas a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, la iniciativa beneficia a la elite empresarial que pretende explotar los recursos naturales de las áreas naturales protegidas. La iniciativa persiste en la privatización del medio ambiente, la desprotección de las áreas naturales protegidas y excluye al pueblo de conocer, debatir, rechazar o en su caso incorporar observaciones a las manifestaciones de impacto ambiental, vulnera derechos fundamentales como el derecho humano a un ambiente sano, el derecho a la consulta y el principio de progresividad. El Presidente Municipal de Morelia neoliberal morenista Raúl Morón, sorpresivamente, fuera de los plazos legales, pretende modificar el plan de desarrollo urbano de la zona sureste de Morelia, autorizando la urbanización en áreas naturales protegidas y zonas de riesgo, indudablemente beneficia el interés económico de las elites empresariales del ramo inmobiliario, promueve la destrucción de las áreas naturales protegidas y agrava los impactos negativos en el medio ambiente de la región, autoriza la construcción de fraccionamiento en zonas de riesgo, todo ello viola el derecho del pueblo moreliano a un ambiente sano, y el principio legal en materia de protección civil de dar prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas.