La fortuna de Carlos Slim Helú no es bien habida. Se origina en la corrupción y el favoritismo del poder político de Carlos Salinas de Gortari.
Hoy es oportuno recordarlo.
Hoy cuando Carlos Slim sale a la defensa de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, obra en la que tiene interés económico, obra marcada por la corrupción e ilegalidad típicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirigida por el corruptazo Gerardo Ruiz Esparza.
Hoy cuando los opinantes de derecha, los defensores de las reformas estructurales, de las políticas del FMI, de los defensores del libre mercado, presenta a Carlos Slim con una aureola de liderazgo inmaculado.
Reproduzco el artículo denominado “Cronología de las maniobras con que Salinas llevó a su amigo Slim a la cima mundial de la riqueza”, publicado en la revista Proceso número 985 del año 1995.
(Fragmentos del libro Operación Telmex, de próxima aparición)
Una sonrisa contrajo su cara redonda y entrecerró aún más sus ojos pequeños
–No esperen milagros –dijo Carlos Slim a los reporteros, en una obligada conferencia de prensa– Pero en unos cuantos años esperamos poder satisfacer la demanda y proporcionar el servicio que el país exige
Era el lunes 10 de diciembre de 1990 Un día antes, en lo que fue calificado como un “sabadazo” en domingo, la SHCP anunció que Telmex había sido vendido al mejor postor: el Grupo Carso y sus socios
La sonrisa de Slim reflejaba más que la satisfacción de su ego comprador Acababa de culminar con éxito uno de los grandes proyectos personales del presidente Salinas: dejarle a su amigo Slim la empresa que en poco tiempo lo iba a colocar en la cima mundial de la riqueza
Mediante el pago de sólo 4428 millones de dólares (1 billón 351,000 millones de viejos pesos, al cambio de fines de 1990), el Grupo Carso consiguió el control de Telmex, una empresa con valor oficial calculado en más 7,000 millones de dólares que en los siguientes cuatro años obtuvo utilidades netas globales equivalentes a la estratosférica cantidad de 31 billones 824,834 millones de viejos pesos
Ese mismo lunes, en el Diario Oficial de la Federación, apareció la Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, SA de C V, gracias a la cual Slim y sus socios aseguraban la prestación del servicio telefónico durante por lo menos 51 años, seis de ellos en condiciones de virtual monopolio
Por razones públicamente desconocidas, la difusión oficial de este título –firmado y en vigor desde el 10 de agosto anterior– fue detenida hasta hacerla coincidir con el anuncio del triunfador de la subasta
En su prisa por vender empresas paraestatales, el gobierno salinista no cuidó ni las formas
Por ejemplo, los lineamientos que debían seguirse en casos como el de Telmex estaban pormenorizados en un documento titulado “Procedimiento para la enajenación a título oneroso, en favor de los sectores social o privado, de los títulos representativos del capital social o de la participación que en el mismo tengan el gobierno federal o alguna entidad paraestatal, tratándose de participación estatal mayoritaria”
Fue elaborado por la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento (CIGF) y expedido el 12 de septiembre de 1990
Más de un año antes, el 30 de marzo de 1989, cumpliendo en los hechos el primer paso de un “Procedimiento” que formalmente aún no existía, el secretario de Comunicaciones y Transportes –dependencia coordinadora del sector–, Andrés Caso, propuso a la CIGF la desincorporación de Telmex
Y el 18 de septiembre de ese mismo año, el presidente Salinas hizo pública la decisión del gobierno de vender la parte mayoritaria de la empresa más rentable del país
¿Quién decidió que Teléfonos de México no era una empresa prioritaria ni estratégica?
¿Quién consideró asimismo que era susceptible de ser adquirida por el sector privado, dadas sus condiciones de viabilidad?
¿Quién estableció que había dejado de cumplir sus objetivos?
¿Quién decidió que ya no resultaba conveniente conservarla como entidad paraestatal?
Funcionarios del gobierno salinista tomaron esas decisiones por sí y ante sí Ni los ciudadanos ni los órganos que los representan participaron en ellas
En sigilo, entre las cuatro paredes de oficinas gubernamentales, se decidió vender la empresa telefónica E igualmente en igilo, se optó por venderla a Carlos Slim
El “Libro Blanco” de la desincorporación de Telmex –un expediente de 7 tomos, con alrededor de 5,000 hojas de documentos diversos: dictámenes, oficios, cartas, memorándums, estudios, evaluaciones, comunicados, etcétera–, obtenido por el autor de esta investigación a contrapelo de las autoridades de la SHCP, de la Secogef y aun de la Contaduría Mayor de Hacienda, arroja luces sobre la sombra en medio de la que se desarrolló, en su mayor parte, el proceso de venta de Teléfonos de México
Con el presidente Salinas a la cabeza, el gabinete económico se reunió el 15 de agosto de 1989 para estudiar y aprobar la propuesta de Comunicaciones y Transportes de vender Telmex, mediante el que se denominó Acuerdo No 38
Formalmente, el siguiente paso debió ser el análisis de la CIGF Sin embargo, con su anuncio del 18 de septiembre, Salinas se adelantó al dictamen de sus colaboradores Supuestamente, en esos momentos desconocía aún si sería favorable o desfavorable
Salinas se apresuró tal vez al detectar que no todos los miembros de la CIGF estaban de acuerdo Según un oficio, fechado el 13 de diciembre de 1989 y firmado por su secretario técnico, Bernardo Gómez Palacio, la CIGF dictaminó favorablemente la venta de Telmex, mediante un acta de fecha 23 de octubre del presente, cuya suscripción se concluyó el pasado 11 de diciembre ()”
Ni en este oficio –enviado a la directora general de Asuntos Jurídicos de la SPP, Olga Hernández Espíndola– ni en algún otro documento se precisa por qué los miembros titulares de la CIGF (Pedro Aspe, Andrés Caso, Ernesto Zedillo, Arsenio Farell, Miguel Mancera; Patricio Chirinos no lo hizo) se tardaron 49 días en firmar el dictamen
El 14 de enero de 1990, Jacques Rogozinsky, colaborador cercanísimo de Pedro Aspe, se convirtió en personaje central de la trama Como subsecretario de Hacienda, miembro de la CIGF y jefe de la Unidad de Desincorporación de la SHCP, asumió explícitamente la coordinación del proceso de venta de Telmex
El 30 de enero, Ernesto Zedillo envió un oficio a Pedro Aspe para comunicarle que, en relación con Telmex, la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizaba el proceso de desincorporación y le pedía dar órdenes a fin de que se designara a la sociedad nacional de crédito “por conducto de la cual habrá de llevarse a cabo la enajenación de la participación estatal en el capital social de Telmex”
Para esa fecha, sin embargo, ya la CIGF se había adelantado y en su reunión del 15 de enero –a la que presuntamente debió haber asistido Zedillo– designó al Banco Internacional, por sugerencia de Aspe y con la anuencia de Andrés Caso
El presidente del consejo de administración del Banco Internacional era el actual secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, quien en aquella fecha era subsecretario de esa dependencia y también miembro de la CIGF
En otra junta, el 31 de enero, la CIGF decidió analizar, desde el punto de vista jurídico, la situación de las 18 filiales de Telmex El análisis le tomó exactamente doce días, y el 12 de febrero dictaminó que la propuesta de desincorporación de Telmex que hizo la SCT implicaba, necesariamente, la propuesta de desincorporación de las 18 filiales de ésta Todo entró en el mismo paquete y por el mismo precio
El 15 de febrero, la SPP expidió formalmente la orden de modificar el título de concesión y los estatutos de Telmex, a fin de ponerla en condiciones de convertirse en empresa privada Para esas fechas, sin embargo, representantes de la misma SPP, de la SHCP, de la SCT y de Telmex llevaban ya tiempo preparando la modificación del título de concesión
El 9 de agosto se reunió la CIGF para examinar un informe sobre los avances de la venta de Telmex De un solo tirón, sus miembros adoptaron en privado una serie de acuerdos decisivos; entre otros:
–Pedir a la SPP ponerle precio a la Red Nacional de Microondas para su venta a Telmex
–Formar un grupo de trabajo, encabezado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con los directores jurídicos de la SCT y la Secogef y sus equivalentes del Banco de México y del Banco Internacional, a fin de que “definan si el nuevo título de concesión se puede considerar como una prórroga al título vigente y, por lo tanto, no tener la necesidad de publicarlo, y la fecha en que éste deberá entrar en vigor”
–Ordenar que no se permita competencia a la empresa por los próximos seis años, en larga distancia nacional y en larga distancia internacional
–Tomar conocimiento de que ese mismo día (9 de agosto) se celebró la reunión del consejo de administración de Telmex y se presentaron y fueron aprobados el título de concesión y la resolución acerca de las características que deberá tener el programa de venta de las acciones de Telmex en los mercados internacionales de capital
Seguramente, los miembros de la CIGF y del consejo de administración de Telmex –ambos encabezados por Aspe, pero se ignora si le fue posible asistir a las reuniones de ambos organismos– no tuvieron tiempo de dormir esa noche, porque al día siguiente, 10 de agosto, estaba lista la modificación del título de concesión de Telmex, que incluía las recomendaciones y observaciones de la propia CIGF
Según una de sus cláusulas –agregada como último punto del documento–, entró en vigor en el momento mismo de su firma Pero no se hizo pública en forma inmediata
El 15 de noviembre de 1990, ante cinco notarios públicos del Distrito Federal, el Banco Internacional recibió las posturas de los posibles compradores que previamente aprobaron los requisitos para la adquisición de las acciones “AA” de Telmex En la recta final, quedaron sólo tres:
1- Grupo encabezado por Acciones y Valores (Accival), SA, representado por Roberto Hernández Ramírez, conjuntamente con Controladora Mextel, Accitel de México, Telefónica de México, GTE Mexican Telephone Inc, que ofrecieron pagar la cantidad de 078 centavos de dólar por acción “AA”, con importe de 1,6872 millones de dólares, por los 2,163 millones 40,972 acciones, más la opción de compra de 51% de acciones “L”
2- Grupo encabezado por Carso, representado por Carlos Slim Helú, Jaime Chico Pardo, José Antonio Pérez Simón, Jaime Escoto Cano y Sergio F Medina Noriega, conjuntamente con Seguros de México, un grupo de inversionistas mexicanos minoritarios, Southwestern Bell International Holding Co y France Cable et Radio, que ofrecieron 080 centavos de dólar por acción, por un total de 2,163 millones 40,972 acciones “AA”, más la opción de compra de 51% de las acciones “L” El precio total ofrecido fue de 1,734 millones de dólares (5 billones 171,216 millones de viejos pesos), y para incrementar el valor de la oferta se ofrecieron 236 millones de dólares más en dividendos (alrededor de 70,000 millones de viejos pesos) futuros de la propia empresa
3- Grupo encabezado por Gentor, representado por Humberto Acosta Campillo y Salvador Benítez Lozano, quienes ofrecieron comprar únicamente 1,103 millones 151,000 acciones “AA”, a un precio de 063 centavos de dólar por acción e importe de 700 millones de dólares, más la opción de compra de 51% de acciones serie “L”
El grupo encabezado por Slim fue ostensiblemente favorecido por el gobierno de Salinas cuando éste aceptó que una parte de la oferta fuera pagada a plazos, con dinero proveniente de las propias ganancias que Slim obtuviera con Telmex en su poder
De acuerdo con el Esquema de Desincorporación, que sentaba las normas bajo las cuales debía elegirse al ganador del concurso, el monto de las ofertas, es decir, el criterio monetario, únicamente sería determinante para elegir al ganador cuando la mayor oferta superara en más de 3% a la postura siguiente En caso de que la diferencia entre las dos principales ofertas fuera menor a dicho porcentaje, Telmex sería vendido al grupo que presentara la mejor propuesta de mejoramiento tecnológico y administrativo de la empresa
Ahora bien, si solamente se tomaban en cuenta las cantidades ofrecidas de manera directa, en dinero constante y sonante a la hora de firmar el contrato de compraventa, la postura de Carso sólo era 28% mayor que la de su principal oponente, Accival
Como Carso no podía arriesgarse a ser derrotado por un mejor programa tecnológico y administrativo de Accival, ofreció pagar 70,000 millones de viejos pesos adicionales con dividendos futuros de la propia empresa que estaba comprando
Esa cantidad adicional –pagadera en cinco años, con utilidades de la empresa más redituable de México y una de las más rentables del mundo– permitió que la diferencia con Accival pasara de 28% a 42%, asegurando así la asignación a Slim y sus socios en función exclusiva del monto de la oferta
El origen, las circunstancias y las características de este inesperado ofrecimiento de consecuencias multimillonarias –pretexto público para justificar el triunfo del Grupo Carso sobre Accival-Banamex– han permanecido ocultos
Mediante el contrato de compraventa, el Grupo Carso adquiría en lo particular el 517% de las acciones, que acabaron costándole 4428 millones de dólares, agregados los intereses por el pago al plazo de 180 días El precio por acción era aparentemente alto: 131 puntos porcentuales superior al cierre del mercado el lunes 10 de diciembre y 61% más respecto al máximo alcanzado en los 12 meses anteriores
En realidad, sin embargo, obtener el control de Telmex y ocupar la presidencia del Consejo de Administración le salió a Slim relativamente barato
Más allá del pago de dividendos, Slim erogó el equivalente de 1 billón 351,000 millones de pesos Si su casa de bolsa, Inbursa, hubiera comprado la misma cantidad de acciones que adquirió Carso, en el mercado de valores, al precio más alto de los 12 meses inmediatos anteriores, habría pagado 1 billón 260,000 millones de pesos
El “extra” que le permitió a Slim quedarse con la administración de Telmex fue de 86,000 millones de pesos, es decir, 28 millones de dólares, o sea nada, si se compara con el tamaño de la empresa que más utilidades deja en el mercado accionario mexicano
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En julio de 1991, la revista estadunidense Business Week analizaba:
“Salinas, está bien claro, no se propone destruir a la élite del poder en México; es parte de ella () Para preparar el libre comercio, Salinas se vuelve a sus amigos de la infancia Les pide que jueguen un papel importante comprando grandes partes de las compañías paraestatales, desde bancos comerciales hasta fábricas de acero Esto asegura que la administración quede en manos mexicanas y recupere miles de millones de capital fugado ()
“Salinas, al proyectar el enorme poder de la Presidencia mexicana, está de hecho definiendo quién gana y quién pierde en México Pero corre sus riesgos Al inclinarse por sus cuates, Salinas no está haciendo gran cosa para diversificar el control corporativo Si el libre comercio empobrece a la economía mexicana, Salinas será el culpable ()
“Sin embargo, Salinas reconoce que las recompensas pueden ser enormes para los ganadores mexicanos: un pie en la economía estadunidense de 55 billones de dólares Uno de esos ganadores es Carlos Slim, de 51 años, un corpulento financiero mexicano-libanés que hizo una fortuna con el mercado de valores en los ochenta Después, en diciembre pasado, atrapó una mina de oro en comunicaciones al lograr una participación mayoritaria del monopolio telefónico Telmex ()
“Todo este manipuleo está poniendo a Salinas bajo un reflector incómodo Rumores y alegatos de amiguismo rondan por todo el proceso de privatización En respuesta, el gobierno hace lo imposible por crear una imagen de imparcialidad Por ejemplo, en la junta de gabinete que decidió quiénes serían los nuevos dueños de Telmex, los tres postores fueron nombrados A, B y C Pero todos sabían quién era quién `No estamos vendiendo naranjas’, dijo un secretario de Estado”
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De acuerdo con una denuncia presentada en agosto de 1994 en la Procuraduría General de la República, en el ejercicio del permiso que obtuvo Telmex para operar desde 1990 una Red Digital Integrada (para el servicio destinado a grandes usuarios), Telmex utiliza un sistema ideado por un antiguo empleado de la empresa, Antonio Hernández Otero, con el nombre de Sistema de Alto Tráfico
Desde esa fecha, Telmex enfrenta el juicio civil 75/94-V por reconocimiento judicial de la autoría del sistema; pago de una indemnización por daños y perjuicios patrimoniales y morales, y la liquidación de Telmex en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles
El 24 de febrero de 1995, la denuncia fue ampliada al campo penal ante la PGR, por delitos en los que pudieran haber incurrido funcionarios gubernamentales y los propios dueños de Telmex en el curso de la operación de compraventa:
“Asociación delictuosa, revelación de secretos, ejercicio indebido de servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, peculado, falsedad en informes dados a una autoridad, delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, fraude y despojo de derechos de autor”
La denuncia está en proceso en la averiguación previa número AP 1660/FESPLE/95, en la Mesa IX de la Fiscalía Especial de Servidores Públicos y Leyes Especiales En ella, el despacho de abogados Hamdam y Ochoa, que lleva el caso de Hernández Otero, establecía, “como hecho tercero”, que tanto “en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef) como en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, se nos impidió el acceso para consulta del llamado `Libro Blanco’ sobre la desincorporación de Telmex, donde se narran los pasos seguidos en el proceso, con el argumento de que `no estaba abierto al público’ ()”
El 20 de abril, el abogado Guillermo Hamdam se volvió a dirigir al procurador: “() Es la fecha en la que, como denunciantes y coadyuvantes del Ministerio Público Federal, no sabemos sobre la remisión del multicitado `Libro Blanco’ que se editó sobre la desincorporación de Telmex ()
“Por todo ello, y en virtud de que el multicitado documento aparentemente no se encuentra en donde debería estar o está siendo ocultado o fue destruido, se presenta esta denuncia por la posible comisión de hechos que pudieren constituir delito(s) en contra de quien o quienes resulten responsables”
Hasta agosto de 1995, esta demanda estaba prácticamente detenida en la PGR Ningún funcionario del gobierno salinista que manejó el proceso de desincorporación había sido llamado a comparecer Tampoco funcionarios o exfuncionarios de Telmex